Renunció la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta

La funcionaria había cuestionado el operativo que se hizo en Río Negro para desalojar un predio reclamado por los mapuches, y en el que hubo 7 mujeres detenidas. A cuatro de ellas se las trasladó a Buenos Aires separándolas de sus familias.

La crisis que desembocó en la renuncia comenzó con la detención de las siete mujeres mapuches, una de ellas embarazada, y el posterior traslado de varias de ellas a Buenos Aires. La ahora exministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, había criticado el operativo que había llevado adelante su par de Seguridad, Aníbal Fernández, a partir de una orden judicial. La ministra se pronunció en contra y además presentó un escrito en la Justicia para seguir de cerca el estado de salud y la integridad de las mujeres detenidas por la Policía Federal y la policía de Río Negro, provincia en la que se produjo el operativo este martes.

En medio de la escalada de violencia de los medios opositores, a lo que se suma la participación activa de dirigentes del PRO como Patricia Bullrich, el gobierno nacional intervino a través del ministerio de Seguridad. El operativo de desalojo de la comunidad tuvo como saldo siete mujeres detenidas. Había sido ponderado este miércoles por el ministro de Seguridad nacional. “Ni un rasguño”, sintetizó. Sin embargo, el accionar de las fuerzas de seguridad derivó en la detención y traslado desde Río Negro a Buenos Aires de cuatro mujeres, mientras que el resto quedaron detenidas en la provincia que gobierna Arabela Carreras. Una de ellas está por parir y quedó internada.

Este jueves Gómez Alcorta había criticado el operativo a través de un comunicado y luego refrendó esa posición en una entrevista con Víctor Hugo Morales. El escrito oficial del Ministerio de Mujeres sostenía que seguían «el caso desde el primer momento e interviniendo activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”.

Luego, en declaraciones radiales, Gómez Alcorta sostuvo: «La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos estaban con sus niñes muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra estaba embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta».

Este planteo fue acompañado por el Cels. “Esta red está para visibilizar y reclamar sobre prácticas como la intervención de los últimos días sobre la comunidad mapuche en Mascardi», dijo este jueves Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en la presentación de la Red de Defensa de las Organizaciones Populares en la Cámara de Diputados.

En el violento operativo en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, hubo 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales. El traslado de las 4 mujeres hacia Buenos Aires fue ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez. Las detenidas son: Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera.

En tanto, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil permanecen detenidas en dependencias de la PSA en el aeropuerto de Bariloche. No fueron trasladadas por tener bebés de pocos meses y ser lactantes. Por otro lado, Romina Rosas está embarazada y se encuentra internada en el hospital Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche.

Los abogados defensores ya apelaron la medida y cuestionaron «falta de perspectiva de género» y la «pena adicional» que implica «llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar».

Las siete mujeres fueron imputadas por la justicia federal en una causa caratulada «Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación».

El presidente le aceptó la renuncia este viernes por la mañana con un escueto comunicado, en el que le agradeció a la primera funcionaria en un ministerio que fue creado por este gobierno, del que se va con duras críticas tras las violaciones de derechos humanos denunciadas.

¿Por qué renunció la ministra?

Algunos párrafos destacados de la carta de renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta:

“Me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar mi renuncia indeclinable al cargo de Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación con el que me honrara desde el 10 de diciembre de 2019”. (…)

“A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates, que por momentos se procesaron en duros términos y públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero”

“Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad LafkenWinkulMapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

“Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos.” (…)

“Nada de lo expuesto, elimina todo lo realizado por este gobierno en políticas de género y diversidad hasta la actualidad. A pesar del contexto de pandemia que atravesamos, hemos construido y puesto en marcha desde cero – junto a un equipo único de funcionarixs y al compromiso de cada unx de lxstrabajadorxs- el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina”. (…)

“Hemos logrado sentar las bases de una nueva institucionalidad que al igual que con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia vinieron a establecer un punto de consenso social y político mínimo que asegure un lugar de jerarquía a la agenda de ampliación de los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ y del cual esperamos que no se pueda retroceder. Lo que hemos logrado nos genera un enorme orgullo, pero sin dudas es insuficiente mientras sigan existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario.” (…)

“Hemos logrado sentar las bases de una nueva institucionalidad que al igual que con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia vinieron a establecer un punto de consenso social y político mínimo que asegure un lugar de jerarquía a la agenda de ampliación de los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ y del cual esperamos que no se pueda retroceder. Lo que hemos logrado nos genera un enorme orgullo, pero sin dudas es insuficiente mientras sigan existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario.” (…)

“Como militante política, sé que ocupamos estos lugares en el Estado con el único objetivo de transformar la vida de las personas. Por eso siempre estaremos en la calle, junto al pueblo y nuestras convicciones, para asegurarnos de no retroceder nunca y siempre ir por más.”

Balance de Elizabeth Gómez Alcorta

En su carta de renuncia, la ahora exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad también aprovechó para realizar un balance de su gestión:

“En esta primera gestión pusimos en marcha el Plan Nacional de Acción contra las violencias 2020/2022, que finalizó con un 93% de las acciones cumplidas, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021/2023 y, recientemente, presentamos el nuevo Plan de Acción contra las violencias 2022/2024, que marca la hoja de ruta de las políticas en la materia del Gobierno Nacional”.

“En este periodo creamos el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género -que permite por primera vez contar con información fidedigna y con indicadores de riesgo – al que adhirieron todas las provincias (a excepción de CABA), cerca de 720 municipios y 5 poderes judiciales y ministerios públicos provinciales; acompañamos con apoyo técnico y financiero la creación o fortalecimiento de las áreas de género y diversidad en 14 provincias y 252 municipios; asistimos a más de 550 familiares de víctimas de femicidios y travesticidios por medio del programa de Apoyo Urgente; al mes de junio de este año se atendieron 272.516 llamadas a la línea 144 -en la cual invertimos recursos y capacidades para modernizarla y renovarla-; iniciamos los procesos para construir 30 centros territoriales de políticas de género en todas las provincias del país -y ya hemos inaugurado algunos de ellos-; financiamos y asistimos técnicamente a más de 350 organización comunitarias a través de distintos programas; apoyamos la mejora en infraestructura o equipamiento a 64 hogares o refugios; pusimos en funcionamiento 49 equipos interdisciplinarios a nivel federal para la asistencia y acompañamiento de personas en situación de violencia de género; sostuvimos encuentros de trabajo con más de 205 comunidades indígenas en todo el territorio nacional; creamos el Programa Registradas junto al Ministerio de Trabajo, para promover la registración y bancarización de las trabajadoras de casas particulares; creamos el primer mapa federal de cuidados; trabajamos junto a empresas estatales o con participación estatal en generar políticas de género y diversidad en cada una de ellas; creamos el Registro de Anotación Voluntaria para el Ingreso al Empleo Público para personas travestis y trans y se gestionaron más de 400 ingresos; pusimos en marcha y acompañamos a todo el Gobierno Nacional y al Poder Legislativo en el cumplimiento de la Ley Micaela; avanzamos en capacitaciones de Ley Micaela en sindicatos, clubes, medios de comunicación, partidos políticos y la ciudadanía en general, creamos junto al Ministerio de Cultura el evento cultural Nosotras Movemos el mundo, que tuvo tres ediciones, solo por mencionar algunas de las principales acciones. Todo ello, lo hicimos ejecutando nuestro presupuesto en un 89 y 97% de los asignados para los años 2020 y 2021. Aunque pueda resultar prematuro asignar causales, no hay dudas de que estas -y otras- políticas incidieron en que por primera vez en nuestra historia hayamos logrado bajar la tasa de femicidios y travesticidios en nuestro país, en un 13%”.

Fuente: Tiempo Argentino.